En un movimiento que ha capturado la atención internacional, Venezuela ha cerrado la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en su territorio. Esta decisión, anunciada por el canciller Yvan Gil, es una respuesta directa al arresto de la activista Rocío San Miguel, acusada por el gobierno de Nicolás Maduro de "terrorismo" y supuestamente vinculada a un plan para asesinar al presidente. La oficina, que debe cesar operaciones y su personal abandonar el país dentro de 72 horas, ha sido acusada por el gobierno venezolano de actuar de manera parcial, favoreciendo a grupos opositores.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra ha expresado su preocupación y está evaluando cómo responder a esta situación. Establecida en Venezuela en 2019, su objetivo principal ha sido apoyar la implementación de recomendaciones para mejorar los derechos humanos, basadas en los informes presentados al Consejo de Derechos Humanos. Desde su establecimiento, se han publicado al menos seis informes que arrojan luz sobre la situación en el país.

Esta medida ha generado una ola de reacciones a nivel global, con expresiones de preocupación por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. La decisión del gobierno venezolano de expulsar a la oficina técnica ha sido interpretada por algunos como un retroceso en los esfuerzos por mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela. A pesar de los avances reportados por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, aún se considera que hay mucho por hacer en esta materia.

El sucesor de Bachelet, Volker Türk, quien visitó Venezuela en enero de 2023, acordó la continuación de la operación de la oficina por dos años más. Durante su estancia, instó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y a tomar medidas contra la tortura. Sin embargo, enfrentó restricciones para acceder a centros de detención, lo que limita la capacidad de la ONU para realizar una evaluación completa.

La decisión de cerrar la oficina de la ONU ha sido condenada por organizaciones no gubernamentales venezolanas, como Provea, que ven en esta acción un intento de aumentar la vulnerabilidad de las víctimas de abusos y evitar el escrutinio internacional.

Rocío San Miguel fue arrestada el 9 de febrero, justo antes de un viaje internacional planeado con su hija, quien también fue detenida pero luego liberada bajo condiciones. La fiscalía venezolana ha acusado a San Miguel de "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración", alegando una conexión directa con un complot para asesinar a Maduro. Este arresto ha desencadenado una serie de detenciones dentro de su círculo cercano, incluyendo a su exesposo y familiares, aunque algunos han sido liberados bajo fianza.

El gobierno venezolano insiste en que la cooperación con su administración es fundamental para la promoción de los derechos humanos en el país. Sin embargo, la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado plantea preguntas sobre el futuro de la vigilancia y la protección de los derechos humanos en Venezuela, en un momento en que el país navega por una compleja crisis política y social.