En un giro significativo de los acontecimientos que ha captado la atención de la comunidad internacional, el gobierno de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, ha decidido cerrar la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dedicada a los Derechos Humanos en el país. Esta decisión surge tras el arresto de la reconocida activista Rocío San Miguel, acusada por el gobierno de estar vinculada a actividades de "terrorismo" y un supuesto plan para atentar contra la vida del presidente.

El canciller venezolano, Yvan Gil, anunció esta medida, argumentando que la oficina ha actuado de manera parcial, favoreciendo a grupos opositores al gobierno, lo cual contradice su papel como entidad imparcial en la promoción y protección de los derechos humanos. Según Gil, esta actitud de la oficina de la ONU representa una violación a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, motivo por el cual el personal de la Oficina Técnica de Asesoría debe abandonar Venezuela en un plazo de 72 horas.

La reacción de la ONU no se ha hecho esperar. Desde Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por esta decisión, asegurando que continúan en diálogo con las autoridades venezolanas y reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos en el país. Cabe destacar que la oficina fue establecida en Venezuela en 2019, durante el mandato de Michelle Bachelet como Alta Comisionada, con el objetivo de apoyar la implementación de recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela.

La medida tomada por el gobierno de Maduro ha generado una ola de críticas y preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. Se argumenta que este cierre podría aumentar la vulnerabilidad de las víctimas de abusos en Venezuela, limitando el escrutinio y seguimiento por parte de organismos internacionales.

El arresto de Rocío San Miguel, quien fue detenida junto a su hija mientras se preparaban para viajar al extranjero, ha sido el detonante de esta situación. La fiscalía venezolana la acusa de "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración", alegando una vinculación directa con planes subversivos contra el gobierno. Este caso ha suscitado una amplia condena internacional, con llamados a respetar los derechos fundamentales y a liberar a los detenidos arbitrariamente.

La situación de los derechos humanos en Venezuela ha sido motivo de preocupación constante. Antes de finalizar su mandato, Bachelet reconoció algunos avances en esta materia, pero enfatizó en que aún quedaba mucho por hacer. Su sucesor, Volker Türk, quien visitó Venezuela en enero de 2023, reiteró la necesidad de liberar a las personas detenidas arbitrariamente y de tomar medidas efectivas contra la tortura y otras violaciones de derechos humanos.

Este último acontecimiento representa un desafío significativo para la comunidad internacional y para las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, poniendo de manifiesto la compleja dinámica entre la soberanía nacional y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La decisión de cerrar la oficina de la ONU en Venezuela marca un momento crítico que podría definir el curso de las relaciones entre Venezuela y los organismos internacionales en el futuro cercano.