El proceso de juramentación de los nuevos diputados en Guatemala para el período 2024-2028 se ha visto envuelto en controversia y tensiones. El parlamentario Allan Rodríguez fue observado hablando por teléfono durante la sesión, en un ambiente marcado por disputas sobre las credenciales, lo cual está impidiendo la toma de posesión de los legisladores recién elegidos. 

Los diputados de oposición Aldo Dávila, del partido Winaq, y Karina Paz, del partido Vos y reelegida en su cargo, han expresado su descontento con el retraso en el proceso de posesión de los diputados elegidos en las elecciones de junio de 2023. Alegan que se están exigiendo nuevos requisitos no contemplados en la legislación actual. “Esto no huele bien”, expresó Paz, quien, junto a Dávila, criticó enérgicamente la formación de una comisión especial este domingo en el Parlamento para verificar las credenciales.

La constitución del nuevo Congreso guatemalteco, compuesto por 160 diputados, debería haberse llevado a cabo este domingo. Este paso es fundamental para luego proceder a la investidura del presidente electo, Bernardo Arévalo de León. La tensión actual surge en el contexto de un proceso electoral ya marcado por intentos, desde julio pasado, del Ministerio Público (Fiscalía) de impedir que Arévalo de León y el Movimiento Semilla asuman sus cargos.

Dávila denunció la creación "a dedo" de la comisión para verificar las credenciales, un hecho que ocurrió sorpresivamente este domingo. Por otro lado, el diputado electo Julio Héctor Estrada Domínguez, exministro de Economía (2016-2018), señaló que una denuncia penal en su contra, surgida en las últimas 24 horas, buscaba obstruir su asunción al cargo. Estrada Domínguez indicó a través de sus cuentas oficiales que esta denuncia apareció de forma repentina en un documento necesario para su toma de posesión. Este documento, un finiquito estatal, ha sido solicitado con una fecha de 2024 por la junta directiva del actual Congreso, una medida que ha sido criticada ampliamente, ya que anteriormente no se estipulaba una fecha específica. “La creación de nuevos requisitos fuera de ley tiene claramente una mala intención”, afirmó Estrada Domínguez, perteneciente a la agrupación política Cabal.

Este escenario se desarrolla en el marco de los comicios generales celebrados en junio de 2023, donde los funcionarios que deberían ser investidos este domingo ganaron sus cargos. La situación actual en Guatemala refleja una lucha de poder y procesos burocráticos que podrían tener implicaciones significativas en la gobernabilidad y estabilidad política del país. La comunidad internacional y los ciudadanos guatemaltecos observan con preocupación cómo estos eventos podrían afectar la democracia y el estado de derecho en la nación centroamericana.