Bernardo Arévalo de León, presidente de Guatemala, ha convocado a la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, para una reunión crucial ante el Consejo de Ministros. Esta acción viene después de que Porras Argueta rechazara previamente una invitación para dialogar con el mandatario. La situación se torna tensa, ya que Arévalo de León ha subrayado que la asistencia de la fiscal general no es opcional; de no presentarse, podría enfrentarse a acusaciones de incumplimiento de deberes.

El contexto de este encuentro se enmarca en un panorama político agitado. Porras Argueta, quien está al frente del Ministerio Público desde 2018, ha sido una figura controversial, acusada de intentar obstaculizar la investidura presidencial de Arévalo de León. A pesar de la presión y las invitaciones a dialogar y rendir cuentas sobre su gestión, la fiscal general ha mostrado una postura firme, negándose a dimitir y evitando encuentros directos con el presidente.

En una reciente rueda de prensa, Arévalo de León no solo mencionó la obligatoriedad de Porras Argueta de comparecer ante el Consejo de Ministros, sino que también remarcó las controversias que rodean su administración. Entre estas, se destacan acusaciones de corrupción y un uso indebido del sistema judicial para fines políticos. Estas acusaciones no son menores, y han llevado a la comunidad internacional, específicamente a Estados Unidos, a sancionar a la fiscal general por su presunta interferencia en la lucha contra la corrupción y por hostigar a periodistas, jueces y activistas.

Estas tensiones no solo se viven en los pasillos del poder, sino también en las calles. Desde octubre y hasta mediados de enero, un grupo significativo de líderes indígenas y ciudadanos guatemaltecos han tomado una postura activa, realizando manifestaciones y marchas para demandar la renuncia de Porras Argueta. Estos movimientos populares reflejan la insatisfacción generalizada con la gestión de la fiscal, especialmente por sus intentos de anular los resultados electorales que llevaron a Arévalo de León al poder.

En este complejo tablero político, el presidente Arévalo de León se encuentra en un momento crucial de su mandato. Tras una victoria electoral sorpresiva y significativa en agosto de 2023, su agenda de gobierno está fuertemente centrada en la lucha contra la corrupción, un tema que resuena con la ciudadanía y que ha sido uno de los pilares de su propuesta política. Sin embargo, para avanzar en esta dirección, necesita establecer condiciones de gobernabilidad efectivas y manejar con destreza las tensiones con figuras clave como la fiscal general.

Mientras tanto, Porras Argueta se mantiene en su puesto, blindada por el marco legal que establece que solo puede ser destituida tras una sentencia condenatoria. Esta situación pone de manifiesto la complejidad del sistema judicial y político en Guatemala, donde las dinámicas de poder y los intereses entran en juego de manera constante, planteando desafíos significativos para el avance de la agenda de transparencia y lucha contra la corrupción en el país.