Entre el 28 de abril y el 31 de mayo, se reportó un alarmante número de 3.789 casos de violencia policial contra manifestantes durante el Paro Nacional, según informes de la ONG Temblores. Este dato plantea interrogantes cruciales sobre las acciones del Gobierno colombiano para prevenir y detener estos actos de violencia. La conmemoración de cinco años desde el asesinato de Berta Cáceres, una destacada defensora de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras, revive la urgente necesidad de justicia y de esclarecer los autores intelectuales detrás de su crimen. Este panorama destaca la importancia de revisar y cuestionar los enfoques tradicionales en la cooperación internacional para el desarrollo, especialmente en contextos de conflictos sociales y violencia.

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha emitido el Decreto 162, el cual convoca a un referéndum sobre enmiendas a la Constitución y a una consulta popular que incluye diez preguntas dirigidas al electorado. Este proceso, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), deberá organizarse en un plazo máximo de 60 días tras su convocatoria. Este evento político crucial, estimado en costar entre 50 y 55 millones de dólares, tiene el potencial de marcar un punto de inflexión en la gobernanza del país.

Las preguntas del Decreto 162 abordan temas vitales como el control permanente por parte de las Fuerzas Armadas en rutas estratégicas, la gestión de armas, municiones, explosivos, y la reforma del Código Orgánico Integral Penal para incrementar las penas de delitos graves. Se propone también, entre otras medidas, que las armas confiscadas en delitos puedan ser utilizadas por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, y se plantea la posibilidad de que el Estado se apodere de propiedades adquiridas ilícitamente.

Además, se discutirán temas como la extradición de ecuatorianos, la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, y el reconocimiento del arbitraje internacional como método de resolución de disputas en inversiones, contratos o asuntos comerciales. De igual manera, se propone una enmienda a la Constitución y una reforma al Código de Trabajo para regular el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, lo que suscita preocupaciones sobre los potenciales efectos en los derechos de los trabajadores.

Estos eventos en Colombia y Ecuador no solo subrayan la urgencia de abordar la violencia y la injusticia en la región, sino que también invitan a reflexionar sobre cómo se puede reorientar la cooperación internacional para apoyar efectivamente el desarrollo sostenible, la democracia, y los derechos humanos en América Latina. La participación ciudadana activa, como se ve en la consulta popular y el referéndum ecuatoriano, emerge como un mecanismo esencial para garantizar que las políticas y leyes reflejen las necesidades y aspiraciones de la población.

mientras nos enfrentamos a estos desafíos complejos, es crucial que las comunidades internacionales, los gobiernos, y la sociedad civil colaboren para descolonizar los enfoques de cooperación internacional, promover la justicia social, y construir sistemas políticos y sociales más equitativos y respetuosos de los derechos humanos. La memoria de Berta Cáceres y la lucha de los manifestantes en Colombia nos recuerdan la importancia de la perseverancia en la búsqueda de la justicia y la paz.