Venezuela enfrenta un año electoral marcado por un aumento en la represión hacia la sociedad civil y figuras opositoras En un giro preocupante para los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela, recientes acontecimientos subrayan una escalada en las tácticas represivas del gobierno contra la sociedad civil y voces disidentes. La detención de Rocío San Miguel, destacada defensora de derechos humanos, junto con su familia, y la expulsión de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ilustran una intensificación del control y coacción estatal en un año electoral crítico para el régimen de Nicolás Maduro.

En enero, Maduro mencionó la detección de conspiraciones y un intento de asesinato, señalando la operación "Brazalete Blanco" como parte de estas acusaciones Este contexto sirve de telón de fondo para una serie de detenciones que culminaron con la aprehensión de San Miguel el 9 de febrero, un acto que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó como una desaparición forzada. Estos eventos no son aislados sino parte de una estrategia más amplia del gobierno para restringir el espacio cívico y silenciar a las voces críticas en un ambiente electoral tenso.

La represión se ha profundizado, aplicándose de manera más sistemática contra la oposición y la sociedad civil Gonzalo Himiob, del Foro Penal, advierte sobre el delicado escenario electoral y la profundización de tácticas represivas previas. Las acciones del gobierno incluyen detenciones arbitrarias, falta de información a familiares y abogados, incomunicación prolongada, y juicios nocturnos con defensa pública impuesta. Estas medidas buscan no solo castigar sino también enviar un mensaje disuasivo a cualquier forma de disidencia o crítica al régimen.

Rafael Uzcátegui, del Laboratorio de Paz, señala un "viraje táctico" con la expulsión de funcionarios de la ONU Esta medida representa un retroceso significativo en materia de derechos humanos y subraya la importancia de la respuesta internacional. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben fortalecer los mecanismos de protección y denuncia para enfrentar esta situación.

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Este artículo ilustra no solo los desafíos actuales que enfrenta Venezuela en términos de represión y derechos humanos sino también la importancia de fuentes de información confiables y análisis imparciales en contextos de crisis política y social.