En un país donde la vitalidad de las carreteras refleja el pulso de su economía, México se encuentra en un punto crítico. La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), una coalición con más de 100,000 afiliados y casi medio millón de vehículos, tomó una medida drástica el pasado jueves: un paro nacional. La razón detrás de esta decisión es alarmante, un clamor contra el aumento de la violencia del crimen organizado, que ha dejado pérdidas estimadas en más de 400 millones de dólares solo en 2023.

Este aumento en la violencia se refleja en un escalofriante incremento del 5% en robos a camiones de carga, según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Los transportistas, cansados y en busca de soluciones, exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador medidas efectivas. Sin embargo, la respuesta del presidente, quien calificó a los manifestantes de “conservadores” y reacios al diálogo, solo ha añadido tensión a una ya volátil situación.

Las carreteras de México, arterias que conectan puntos clave como Ciudad de México con Toluca, Querétaro, Puebla y más, se vieron bloqueadas. Este acto de protesta no solo refleja la desesperación de los transportistas sino también la gravedad de la situación de seguridad que enfrenta el país. Desde Tamaulipas hasta Chiapas, el mensaje fue unísono: la violencia en las carreteras es insostenible.

La historia de William de Jesús Arellano, delegado de la Amotac en San Cristóbal, Chiapas, es un eco de la angustia generalizada: pérdida de vidas, inseguridad en las carreteras y cobros excesivos de peaje y servicios de grúa. En un país donde la logística y el transporte son pilares de la economía, esta situación pone en jaque no solo a la industria sino a la seguridad y bienestar de sus ciudadanos.

El bloqueo en Ciudad Juárez es un ejemplo de la determinación de los transportistas por ser escuchados. La decisión de terminar la protesta tras acordar una reunión con funcionarios federales muestra una apertura al diálogo, aunque el camino hacia soluciones concretas parece largo y tortuoso.

La voz de la industria, representada por Thor Salayandía Lara, vicepresidente nacional de Maquiladora y Franjas Fronterizas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, resalta otro aspecto crucial: la competitividad del país. Este paro, aunque necesario para visibilizar la problemática, representa un freno a la producción y, por ende, a la competitividad de México en el ámbito internacional.

Los datos son desoladores: cerca de 13,000 robos a camiones, con y sin violencia, y entre 50 y 150 conductores asesinados en 2023, según Canacar. Estas cifras no solo representan pérdidas financieras millonarias sino también un inmenso costo humano. Historias de terror en las carreteras, como la narrada por Pascual Hernández, un transportista en Chiapas, ilustran el grave riesgo que enfrentan diariamente estos trabajadores.

La respuesta del gobierno hasta ahora, promesas de más elementos de la Guardia Nacional y patrullas, parece insuficiente ante la magnitud del problema. La acusación del presidente López Obrador hacia los líderes de Amotac de tener agendas políticas solo complica la búsqueda de soluciones. Sin embargo, la promesa de protección y diálogo permanece en el aire, esperando convertirse en acciones concretas que devuelvan la seguridad a las carreteras de México.

La situación actual en las carreteras mexicanas es un reflejo de los desafíos de seguridad, económicos y políticos que enfrenta el país. El paro nacional de transportistas no es solo una demanda por seguridad; es un llamado a la acción para proteger no solo a una industria sino a toda una nación. En un México en búsqueda de soluciones, el diálogo, la seguridad y el compromiso gubernamental son más necesarios que nunca.