En el marco de una de las crisis migratorias más significativas de la región, Panamá y Colombia se encuentran en una encrucijada crucial, buscando estrategias conjuntas y efectivas para manejar el flujo masivo de migrantes irregulares que atraviesan sus territorios. Este fenómeno, que alcanzó cifras históricas en 2023 con más de 520,000 viajeros irregulares, se ha convertido en un punto focal tanto para el debate político como para la colaboración internacional.

Juan Manuel Pino, ministro panameño de Seguridad Pública, y su homólogo colombiano, Iván Velásquez, titular del Ministerio de Defensa, se han reunido en la ciudad de Panamá para abordar temas críticos de seguridad y migración. Esta interacción bilateral subraya la necesidad imperante de encontrar soluciones colaborativas y sostenibles para una crisis que se proyecta continuará en 2024.

Migrantes de más de 60 nacionalidades, en su mayoría venezolanos, emprenden un arduo viaje a través de varios países suramericanos antes de enfrentarse a la peligrosa selva del Darién, una frontera natural entre Panamá y Colombia. Este paso, un enlace crucial entre Sur y Centroamérica, registró un tránsito sin precedentes en 2023, marcando un hito en la historia migratoria de la región.

Mientras Colombia ha adoptado una política de paso casi sin restricciones para los migrantes irregulares, Panamá ha implementado un enfoque de flujo controlado. Este programa humanitario no solo implica la recopilación de datos biométricos, sino que también ofrece servicios sanitarios, alimentación y supervisión directa del tránsito de los migrantes hasta la frontera con Costa Rica.

El ministro Pino destacó la importancia de distinguir entre la dimensión humanitaria de la crisis migratoria y las oportunidades que esta situación presenta para el crimen organizado. Reconociendo la complejidad del fenómeno, ambos gobiernos están comprometidos en buscar un punto de convergencia que permita abordar efectivamente esta problemática multifacética.

La crisis migratoria que enfrentan Panamá y Colombia no es solo un desafío para estos países, sino también una llamada a la acción para la comunidad internacional. La colaboración, el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas se perfilan como el camino a seguir para gestionar este fenómeno de manera efectiva, equitativa y respetuosa de los derechos humanos de los migrantes. Con el mundo como testigo, Panamá y Colombia se encuentran en un punto crítico, en el que sus decisiones y acciones no solo moldearán el futuro de miles de viajeros irregulares, sino también el carácter de la cooperación regional en tiempos de crisis humanitarias.