La economía peruana enfrenta un momento crítico, con expectativas de recuperación postergadas y un gobierno que busca reactivarla mediante un decreto de urgencia. En un esfuerzo por contrarrestar los efectos negativos de una recesión económica sin precedentes, el gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha anunciado la implementación de un decreto de urgencia enfocado en materias económicas y financieras. Este decreto, que comprende diez medidas específicas, tiene como objetivo principal la reactivación económica local y familiar en Perú, en un contexto donde las proyecciones optimistas de recuperación para el cierre del año 2023 no se han materializado.

La postura del gobierno, ahora bajo la dirección del nuevo ministro de Economía, José Arista, muestra una prudencia notable. A diferencia de su predecesor, Arista adopta una visión más cautelosa respecto al estado y proyección de la economía peruana. A pesar de algunos indicadores positivos en enero, el ministro enfatiza la importancia de no inferir una tendencia positiva basándose en un solo punto de datos. Este enfoque cauteloso refleja la complejidad de la situación económica del país y la incertidumbre que aún prevalece sobre su recuperación.

En una muestra de transparencia, el gobierno ha reconocido abiertamente que la esperada recuperación económica para finales de 2023 no se ha observado. La falta de crecimiento en el Producto Bruto Interno (PBI), junto con la reducción en los niveles de consumo privado, inversión privada, y empleo, ha afectado significativamente a los actores económicos, especialmente a los más vulnerables. Este reconocimiento es un paso crucial hacia la implementación de medidas que busquen mitigar estos efectos adversos.

Las diez medidas anunciadas por el gobierno se dirigen a varios sectores clave, enfocándose en promover la inclusión financiera, el apoyo a productores agropecuarios, las micro y pequeñas empresas (mypes), y la mejora de la infraestructura vial. Entre estas medidas se incluye:

- La capitalización de las Cajas Municipales de Crédito Popular y las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito con las utilidades generadas en 2023.

- Una transferencia de fondos de S/100 millones al Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA) como parte del Plan Unidos.

- La calificación de riesgo para las Cooperativas de Ahorro y Crédito debe ser de categoría C o superior.

- El MIDIS realizará mantenimiento en infraestructura vial en áreas rurales a través de FONCODES.

- Se aprueba el financiamiento para la compra de bienes manufacturados por las mypes.

- Una transferencia de S/290 millones al Ministerio de Producción para adquirir kits escolares a través del programa Compras a MYPErú.

Estas medidas representan un esfuerzo integral por parte del gobierno para impulsar la economía, apoyando directamente a los sectores más afectados por la recesión. Al dirigirse a las cajas municipales, productores agropecuarios, mypes, e infraestructura vial, el gobierno busca crear un efecto multiplicador que no solo beneficie a estos sectores, sino que también propicie un ambiente más favorable para la reactivación económica en general.

El decreto de urgencia, por tanto, es un paso adelante hacia la recuperación económica, aunque su éxito dependerá de la eficacia en la implementación de estas medidas y la capacidad del gobierno para adaptarse a las condiciones cambiantes. Con la economía aún en una posición delicada, la prudencia y la acción estratégica serán esenciales para navegar hacia una recuperación sostenible y equitativa para todos los peruanos.