En el escenario político venezolano, la situación continúa siendo crítica. A pesar del Acuerdo de Barbados firmado el 17 de octubre de 2023, el cual buscaba mejorar las garantías electorales en el país, los avances son prácticamente nulos. Este acuerdo, suscrito entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, prometía "Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para todos". Sin embargo, tres meses después, la falta de cumplimiento por parte del régimen de Maduro ha incrementado la inquietud entre los sectores democráticos y la comunidad internacional, poniendo en jaque la posibilidad de unas elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en 2024.

La historia reciente de Venezuela ha estado marcada por un proceso de autocratización, ligado estrechamente a la manipulación del sistema electoral por parte del régimen chavista. Hugo Chávez, apoyándose en su popularidad y en el fracaso de los sistemas de contrapeso institucional, inició una serie de maniobras para alinear el sistema electoral con los intereses de la Revolución Bolivariana. Con el tiempo, y a medida que el chavismo fue perdiendo apoyo popular, las irregularidades en el sistema electoral se incrementaron. Según Javier Corrales, profesor de Amherst College, el fallecimiento de Chávez en 2013 marcó un punto de inflexión, dejando un sistema ya cargado de irregularidades que Maduro no solo heredó, sino que exacerbó.

En 2018, la falta de transparencia y garantías electorales fue tan notable que los principales partidos de oposición decidieron no participar en la elección presidencial, resultando en una abstención récord del 68%. A pesar de los compromisos acordados en Barbados para revertir las injustas condiciones electorales, el régimen de Maduro ha mostrado poco interés en cumplir con lo pactado.

El caso de María Corina Machado es emblemático. Elegida en las primarias de la Plataforma Unitaria como candidata presidencial para las elecciones de 2024, su participación se ve obstaculizada por medidas de inhabilitación política. A pesar de los acuerdos para revisar estas medidas, el proceso se ha visto ralentizado, sugiriendo una estrategia del régimen para aparentar cumplimiento mientras mantiene en suspenso las decisiones cruciales.

El acuerdo de Barbados estipulaba la realización de las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, la falta de una fecha específica y las declaraciones ambiguas de figuras del régimen, como Diosdado Cabello, generan incertidumbre y preocupación. La manipulación de la fecha y duración de los procesos electorales se ha convertido en una herramienta para el chavismo, poniendo en riesgo la estabilidad política y la transición ordenada del poder.

Organizaciones como Voto Joven y Súmate han señalado el significativo rezago en la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral. Este rezago, agravado por la diáspora venezolana, complica aún más la situación, ya que millones de venezolanos en el extranjero encuentran enormes dificultades para registrarse o actualizar sus datos. La inacción del CNE en este aspecto solo contribuye a agravar el problema, limitando la inclusividad y la justicia del proceso electoral.

El régimen chavista ha consolidado un control hegemónico sobre la información, limitando el espacio cívico y la libertad de expresión. A pesar de acuerdos para promover el equilibrio en los medios de comunicación, la realidad muestra una persistente política de censura y persecución. La reciente propuesta de ley sobre la fiscalización y regulación de ONGs amenaza con cerrar aún más el espacio cívico, impactando negativamente las condiciones para un proceso electoral justo y democrático.

la situación en Venezuela continúa siendo altamente desafiante. La falta de avances significativos en el cumplimiento de los acuerdos de Barbados, junto con la manipulación del sistema electoral, las restricciones a la participación de la oposición, la incertidumbre sobre la fecha de las elecciones, el rezago en la actualización del Registro Electoral y la consolidación de la hegemonía comunicacional del Estado, pintan un panorama sombrío. Si el régimen de Nicolás Maduro no muestra un cambio real de dirección y voluntad para cumplir con lo acordado, la posibilidad de unas elecciones competitivas y justas, que puedan ofrecer una salida pacífica a la crisis venezolana, parece cada vez más lejana.