En los últimos tres años, hemos sido testigos de un fenómeno económico alarmante: la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha más que duplicado, elevándose de 405.000 millones de dólares en 2020 a 869.000 millones en 2023. Esta cifra refleja no solo un incremento en la concentración de la riqueza sino también un desequilibrio económico global significativo. Mientras estos multimillonarios ven crecer sus fortunas, cerca de 4.800 millones de personas alrededor del mundo enfrentan el empobrecimiento tras la pandemia y el brote inflacionario global, con un impacto desproporcionado en mujeres, niños, personas racializadas y minorías excluidas.

El informe Desigualdad S. A., presentado en el Foro Económico Mundial en Davos, pone de manifiesto cómo la consolidación del poder empresarial y de mercado, especialmente por parte de grandes corporaciones de países desarrollados, ha contribuido a esta creciente brecha. La falta de competencia favorece la acumulación de riqueza en pocas manos, exacerbando la desigualdad.

Este escenario revela las profundas fisuras de un modelo neoliberal que beneficia a una élite milmillonaria a expensas de los derechos y bienestar de millones. Las actuales presiones inflacionarias son una manifestación más de este problema, con empresas aprovechando circunstancias como confinamientos y crisis energéticas y alimentarias para aumentar sus márgenes de beneficio a niveles récord.

América Latina se destaca como la región con mayor desigualdad de riqueza a nivel mundial. Datos de investigadores de renombre muestran que el 10% de los hogares más ricos poseen más del 75% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre apenas alcanza el 1%. Esta desigualdad no solo se manifiesta a nivel interno en los países, sino también en la disparidad entre el Sur Global y los países desarrollados, donde se concentra el 69% de la riqueza privada global.

En un esfuerzo por abordar estas desigualdades, los países del Sur Global, liderados por Nigeria, lograron que las Naciones Unidas acordaran negociar un nuevo marco fiscal global. Esta resolución, aprobada por 125 países, busca desarrollar un tratado sobre cooperación fiscal internacional. Sin embargo, fue rechazada por 48 países, principalmente desarrollados, que son responsables del 75% de los abusos fiscales globales. Esta oposición subraya la resistencia a perder el control sobre el espacio de decisión fiscal, manteniendo una economía que favorece a unos pocos.

La propuesta de Oxfam sugiere que la solución pasa por fortalecer el Estado y regular el sector privado para frenar el poder corporativo y la concentración de riqueza. Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel crucial en este proceso, ejerciendo presión y demandando el cumplimiento de derechos económicos, sociales, ambientales y políticos.

Más de cincuenta organizaciones latinoamericanas se unieron en 2023 para promover un "Nuevo Pacto Fiscal en América Latina y el Caribe", buscando establecer un sistema tributario global más incluyente, sostenible y equitativo. Este esfuerzo culminó en la creación de una Plataforma Regional de Cooperación Tributaria, apoyando la elaboración de una convención marco sobre impuestos. Esta iniciativa busca transformar las normas fiscales globales, desafiando el predominio de los países desarrollados.

La creciente desigualdad económica plantea un desafío urgente que requiere una acción global coordinada. La lucha contra esta disparidad no es solo una cuestión de justicia social, sino también de estabilidad y prosperidad global. El camino hacia una economía más equitativa implica un esfuerzo conjunto de países, organizaciones civiles y ciudadanos. Aunque se han dado pasos importantes, queda por ver si los líderes mundiales están listos para abrazar una transformación audaz y equitativa en favor de todos, no solo de una minoría privilegiada.