Chile, un país con una capacidad significativa para producir energía solar y eólica, se encuentra en un proceso de transición energética significativo. En 2019, el país lanzó un plan ambicioso para cerrar sus 28 centrales eléctricas a carbón para 2040. Este esfuerzo, liderado por el presidente Gabriel Boric, busca que un 80% de la electricidad del país provenga de fuentes renovables antes de 2030. Desde 2019, nueve centrales de carbón han sido clausuradas, incluyendo cuatro en Tocopilla, gestionadas por la empresa francesa Engie.

Tocopilla, una ciudad minera situada entre el océano Pacífico y el desierto de Atacama, ha sido particularmente afectada por este cambio. La clausura de las centrales ha dejado a muchos trabajadores, especialmente los tercerizados y contratistas, en una situación de incertidumbre laboral. Pedro Castillo, un trabajador portuario con 36 años de experiencia, es un ejemplo de los afectados por este cambio. A pesar de las medidas de acompañamiento para empleados de centrales de carbón, muchos como Castillo se enfrentan a un futuro incierto.

Engie, consciente de las repercusiones sociales del proceso, ha despedido a unos cien trabajadores en Tocopilla, ofreciendo planes de retiro, capacitación en otros trabajos y despidos voluntarios. El ministro de Energía chileno, Diego Pardow, ha reconocido los desafíos y ha mencionado planes para ayudar en la reinserción laboral en sectores como el turismo y las energías limpias. Engie también ha anunciado proyectos para convertir terrenos descontaminados en Tocopilla en espacios de utilidad para la comunidad.

Más del 35% de la energía en Chile proviene ya de fuentes eólicas o solares, con grandes proyectos en desarrollo, como en la región de Lomas del Taltal. La empresa chilena Colbun, sin una fecha definida para el cierre de su central a carbón, explora alternativas como el hidrógeno o granulados de madera.

La transición energética en Chile es un claro ejemplo de cómo los avances en sostenibilidad pueden tener impactos socioeconómicos profundos. A pesar de los esfuerzos de empresas y el gobierno, la situación en Tocopilla refleja la necesidad de una planificación más integral que incluya a todos los trabajadores afectados. La historia de Pedro Castillo y sus colegas en Tocopilla es un recordatorio de que toda transición debe ser justa e inclusiva para garantizar no solo la sostenibilidad ambiental, sino también la social.