El sistema alimentario de Venezuela enfrenta una crisis significativa, marcada por la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil, según revelan informes recientes y la observación directa de expertos internacionales. La situación crítica del derecho a la alimentación en el país ha sido subrayada por Susana Raffalli, una reconocida nutricionista, y por el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, quien recientemente visitó Venezuela.

La tasa de subalimentación en Venezuela, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) de 2021, se situó en el 22,9 %, la más alta de la región. Esta cifra no solo refleja una grave privación de alimentos entre la población, sino que también es tres veces el promedio de inseguridad alimentaria en América del Sur, ubicado en 8,6 %. Este alto índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS) evidencia que Venezuela no solo enfrenta una inseguridad alimentaria completa, sino que sus números superan ampliamente a los de sus países vecinos.

Durante su estancia de dos semanas en el país, donde visitó cinco estados, Fakhri destacó las severas dificultades que enfrentan las familias venezolanas para acceder a alimentos suficientes debido a bajos ingresos y distribución ineficiente. Identificó a los niños menores de cinco años, adolescentes y mujeres embarazadas o lactantes como los grupos más vulnerables. Además, señaló la importancia de los programas de alimentación escolar, utilizando alimentos de origen local, como una medida eficaz para combatir la desnutrición infantil.

La desnutrición aguda infantil en Venezuela ha mostrado signos de mejora en comparación con los años 2017 y 2018, pero las cifras actuales siguen indicando una crisis de salud pública. La desnutrición no solo afecta el desarrollo físico de los niños, sino que también tiene consecuencias a largo plazo en su educación y capacidad para contribuir al desarrollo del país. Un aspecto particularmente preocupante es el retardo del crecimiento, que afecta a tres de cada diez niños asistidos por Cáritas.

El relator de la ONU, Fakhri, aunque reconoció algunos esfuerzos del gobierno venezolano, criticó programas como el Clap, señalándolos como insuficientes y de bajo valor nutricional. Entre sus recomendaciones está la elaboración de un plan de acción urgente basado en la legislación vigente para mejorar el sistema alimentario. Susana Raffalli sugiere enfocar los esfuerzos en garantizar la producción local y reformar el sistema de protección social del país para hacerlo más justo y eficiente.

La crisis alimentaria en Venezuela requiere de una atención inmediata y de medidas concretas para asegurar el derecho a una alimentación adecuada para todos sus ciudadanos. La comunidad internacional, junto con el gobierno venezolano, debe trabajar de manera coordinada para abordar esta situación crítica y prevenir sus efectos devastadores en las poblaciones más vulnerables, especialmente en los niños, garantizando así un futuro más prometedor para el país.