El Congreso español vivió un momento crucial este martes con la discusión de la polémica ley de amnistía al independentismo catalán, una propuesta vinculada a Pedro Sánchez y su acuerdo con los separatistas para asegurar su reelección. Sin embargo, el desarrollo no siguió el guion previsto: Junts per Catalunya, el partido liderado por Carles Puigdemont, votó en contra del proyecto. Este giro se interpreta como un golpe significativo al gobierno de Sánchez, marcado por concesiones controvertidas al independentismo. La exigencia de Junts era clara: modificar la ley para proteger a Puigdemont y a otros posibles acusados de terrorismo o traición durante el proceso separatista de Cataluña. 

La trama se complica con la investigación en curso sobre los vínculos de los independentistas catalanes con Rusia, específicamente con el círculo de Vladimir Putin. Las acusaciones sugieren un posible apoyo económico ruso para desestabilizar Europa, lo que eleva las preocupaciones a un nivel de alta traición. Estas investigaciones refuerzan la posición de quienes se oponen a la amnistía, argumentando que encubre delitos graves contra la seguridad nacional.

El debate en el Congreso se centró en la ley de amnistía propuesta, con Junts exigiendo enmiendas para una "amnistía integral" que no dejara a nadie atrás. A pesar de las intensas negociaciones, la ley no alcanzó los votos necesarios para su aprobación, lo que obliga a su revisión en la Comisión de Justicia. Esta situación otorga a Junts una ventana de oportunidad para continuar sus negociaciones con el PSOE.

En este contexto, la oposición política, encabezada por Vox y el PP, ha sido vocal en su crítica. Santiago Abascal de Vox acusó a Sánchez de ceder al chantaje de los independentistas, mientras que Alberto Núñez Feijóo del PP condenó la ley como un acto de humillación y una amenaza a la integridad nacional.

Este episodio en el Congreso refleja la complejidad y la división en la política española, especialmente en lo que respecta a la cuestión catalana. La ley de amnistía, aunque propuesta como un medio para facilitar la convivencia, ha desatado un debate intenso sobre los límites de la concesión política y la integridad del Estado de derecho en España. Con la ley de vuelta a la Comisión de Justicia, el futuro de esta propuesta y su impacto en la política española siguen siendo inciertos.