El Gobierno de México recientemente experimentó un grave incidente de seguridad cibernética, específicamente un hackeo a los servidores de la Presidencia. Este ataque, originado desde España, utilizó la cuenta de un exfuncionario del gobierno federal para extraer datos sensibles de 263 periodistas que cubren las conferencias matutinas del presidente, conocidas popularmente como ‘mañaneras’. 

Según las declaraciones de autoridades mexicanas, la infiltración se llevó a cabo mediante el acceso indebido a una cuenta de usuario perteneciente a una persona que ya no forma parte del Gobierno de México. Esta acción ilícita permitió el acceso y sustracción de información desde direcciones IP localizadas en España. 

Entre los datos comprometidos, se encuentran detalles personales de los periodistas, incluyendo pasaportes, identificaciones, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), direcciones, teléfonos, y otros documentos sensibles. Cabe destacar que, aunque la base de datos contenía información de 309 personas, solo los datos de 263 periodistas fueron afectados.

En respuesta a este incidente, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció en conferencia de prensa que se iniciará un juicio penal contra los responsables. Además, se ofrecerá protección gubernamental a los comunicadores afectados que así lo soliciten, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón, explicó que no se detectó una alerta en los sistemas de protección contra estos ataques debido al uso de credenciales gubernamentales legítimas que no fueron desactivadas oportunamente. También aseguró que el portal de donde se extrajo la información fue desactivado desde el 26 de enero.

Este suceso ha generado preocupación en el contexto mexicano, donde la seguridad de los periodistas es una cuestión crítica. México es uno de los países más peligrosos para la prensa, con un alto número de periodistas asesinados y desaparecidos. La organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de prensa, ha expresado su alarma ante este evento, señalando que la filtración pone en riesgo no solo la privacidad y dignidad de los periodistas, sino también su seguridad física.

Este incidente subraya la importancia de la ciberseguridad y la protección de datos personales, especialmente en un entorno gubernamental. Resalta también la necesidad de una cooperación internacional efectiva en la investigación de delitos cibernéticos y la urgencia de implementar protocolos de seguridad más robustos en las instituciones gubernamentales para prevenir incidentes futuros. La respuesta del gobierno mexicano, tanto en términos de persecución legal como en la protección ofrecida a los afectados, será fundamental para establecer un precedente en la lucha contra la delincuencia cibernética y en la salvaguarda de la libertad de prensa en México.