El Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, ha decidido llevar a cabo una acción legal de gran importancia: apelar ante la Corte Suprema en respuesta a un reciente fallo judicial. Este fallo, emitido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, declaró la "invalidez constitucional" de ciertos aspectos de la reforma laboral implementada por el presidente Milei. La decisión de apelar fue anunciada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El tribunal cuestionó específicamente los artículos relacionados con las cuestiones laborales dentro del decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Milei el 20 de diciembre, apenas diez días después de asumir el cargo. El tribunal consideró que estos artículos eran contrarios a lo estipulado en la Constitución argentina respecto a los límites del poder ejecutivo para emitir decretos.

Según el fallo, para que estos artículos en materia laboral mantengan su validez formal, deben ser ratificados por el Parlamento argentino durante el período de sesiones extraordinarias en curso. De no ser así, perderán validez automáticamente. Este punto es crucial, ya que define un camino legal específico para la legitimación de la reforma laboral.

La reforma laboral ha generado una respuesta significativa por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país, que incluye una media jornada de huelga general realizada el 24 de enero. Muchos de los líderes de la CGT son afiliados al peronismo, partido de oposición al gobierno actual.

Entre los cambios más destacados de la reforma laboral se encuentran la modificación de los juicios laborales, la extensión de los periodos de prueba en empresas, la reducción de licencias por embarazo, y cambios en las aportaciones y contribuciones jubilatorias. También se propone reducir las indemnizaciones y multas por registro deficiente de trabajadores.

El Gobierno de Milei defiende firmemente su reforma, argumentando que es esencial para la creación de empleo y para establecer un mercado laboral más favorable para ambas partes, empleadores y empleados. Esta postura refleja la convicción del gobierno de que la reforma es beneficiosa para el desarrollo económico y social del país.

La apelación a la Corte Suprema por parte del Gobierno de Argentina marca un capítulo significativo en la política laboral del país. El desenlace de esta apelación y la posible ratificación parlamentaria de los artículos en cuestión podrían tener un impacto profundo en el panorama laboral argentino y, potencialmente, en la relación entre el gobierno y los sindicatos.