En un giro inesperado que sacudió al sistema penitenciario de Brasil, la fuga de dos reclusos de una cárcel de máxima seguridad en Mossoró, en el noreste del país, ha desencadenado una serie de medidas severas por parte del Gobierno. La decisión de endurecer las condiciones de reclusión en los presidios federales se tomó tras el escape que puso en jaque a las autoridades, movilizando a más de 300 agentes en una operación sin precedentes para recapturar a los fugitivos.

La cárcel federal de Mossoró, hasta la fecha, había sido un bastión de seguridad impenetrable, diseñada para alojar a individuos de alta peligrosidad, principalmente aquellos vinculados con organizaciones criminales. Sin embargo, este evento "inusitado", como lo describió André García, secretario de Políticas Penales del Ministerio de Justicia, ha expuesto vulnerabilidades en el sistema que muchos consideraban infalible.

Los fugitivos, identificados como Rogério da Silva Mendonça y Deibson Cabral Nascimento, cumplieron una hazaña cinematográfica al utilizar herramientas robadas de un área de construcción dentro de la penitenciaría para crear una apertura en el techo de su celda y, posteriormente, cortar el cerco perimetral del complejo. Ambos individuos, con condenas que suman más de 150 años de cárcel, habían sido transferidos a Mossoró tras participar en una rebelión en otro penal que resultó en cinco muertes.

En respuesta a este escape, el Gobierno ha suspendido las visitas en los penales federales y ha ordenado que los reclusos permanezcan confinados en sus celdas durante los próximos cinco días. Además, se ha dado aviso a Interpol ante la posibilidad de que los prófugos intenten cruzar fronteras internacionales.

El caso ha generado interrogantes sobre la eficacia de los protocolos de seguridad en el penal de Mossoró. André García sugirió que el escape podría haberse evitado si se hubieran seguido los procedimientos establecidos, lo que pone en duda la integridad de los controles de vigilancia y el comportamiento de los guardias. La posibilidad de una "relajación" de los vigilantes o incluso una "facilitación" de la fuga por parte de algunos miembros del personal no ha sido descartada.

Ricardo Lewandowski, ministro de Justicia, anunció planes para modernizar la infraestructura de seguridad de las cárceles federales, revelando que algunas cámaras de vigilancia no funcionaban adecuadamente. Este esfuerzo por reforzar la seguridad se ve complementado por la apertura de una investigación para determinar si hubo complicidad interna que facilitó la fuga, y la suspensión de los directores del penal de Mossoró de sus funciones.

La fuga ha vuelto a poner en foco la problemática del sistema penitenciario brasileño, caracterizado por su sobrepoblación y condiciones infrahumanas. Con 832.300 personas encarceladas a fines de 2023 y una capacidad oficial para solo 600.000, el sistema se encuentra en un estado crítico. Los penales federales, aunque representan una fracción pequeña del total de la población carcelaria, son cruciales para el manejo de criminales de alto perfil y, como tal, cualquier fallo en su seguridad tiene repercusiones significativas.

La fuga de Mossoró ha servido como un llamado de atención para las autoridades brasileñas, evidenciando la necesidad imperante de revisar y fortalecer las medidas de seguridad en las prisiones federales. La movilización de recursos para la recaptura de los fugitivos y los esfuerzos por modernizar las instalaciones son pasos en la dirección correcta, pero el incidente deja en claro que incluso las estructuras más seguras son susceptibles a fallos sin la vigilancia y el compromiso adecuados de todos los involucrados en el sistema penitenciario.