En el tejido social y político de México, Guerrero se destaca por su lucha constante contra la violencia generada por la delincuencia organizada. Esta realidad, que afecta a más de la mitad de los estados mexicanos, encuentra en Guerrero un escenario particularmente crítico, donde la acumulación de recursos financieros a través del cultivo, procesamiento y tráfico de drogas, junto con la diversificación hacia otros delitos como secuestro, extorsión, y robo de combustibles, ha exacerbado el conflicto.

Desde los años 70, con las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas luchando contra el dominio caciquil y el abandono federal, hasta el surgimiento de los narcotraficantes y las autodefensas en el siglo 21, Guerrero ha sido testigo de la evolución de la violencia y la resistencia ciudadana. Las autodefensas, en particular, surgieron como respuesta a la insuficiencia del Estado para garantizar la seguridad, revelando un profundo vacío de poder.

El impacto de la pandemia de covid-19 y el huracán Otis solo ha servido para agravar esta situación, con la delincuencia aprovechando estas crisis para fortalecer su dominio. Hoy, a pesar de la presencia de más de 15 mil efectivos del Ejército, Marina, y Guardia Nacional, Guerrero sigue siendo escenario de asesinatos y extorsiones, mostrando la limitada efectividad de las estrategias de seguridad implementadas.

Ante este panorama, la intervención de los obispos de la iglesia católica en Guerrero, buscando negociar una tregua con los grupos delictivos, resalta la desesperación por recuperar la paz en el estado. Sin embargo, estas conversaciones no han logrado resultados significativos, revelando la complejidad del desafío que enfrenta Guerrero.

La respuesta del presidente López Obrador a estos esfuerzos, enfatizando la importancia de la contribución de todos los sectores de la sociedad sin conceder impunidad, refleja la tensión entre la necesidad de una solución estatal y la realidad de una violencia enraizada y multifacética.

El auge del comercio electrónico en México ha sido notable, especialmente con el crecimiento exponencial de empresas de mensajería y paquetería. Sin embargo, este desarrollo ha venido acompañado de desafíos significativos para los consumidores, que enfrentan problemas como la recepción de artículos maltratados o dañados, producto de malas prácticas de entrega.

El incremento en el número de empresas de mensajería, que pasó de 764 en 2019 a 1,353 en 2020, si bien refleja una adaptación al creciente mercado en línea, también ha expuesto la vulnerabilidad de los consumidores ante servicios de entrega deficientes. Historias compartidas en redes sociales, desde México hasta Estados Unidos y España, ilustran la frustración de clientes cuyos paquetes son tratados con negligencia.

La legislación mexicana, a través del Reglamento de Paquetería y Mensajería, establece claramente la responsabilidad de las empresas por daños, retrasos o pérdidas. Sin embargo, la efectividad de estas disposiciones legales en la práctica es una cuestión pendiente, con la PROFECO ofreciendo un canal para quejas y disputas.

Este contexto plantea interrogantes críticos sobre la capacidad del marco regulatorio y de aplicación para proteger a los consumidores en la era digital, destacando la necesidad de un compromiso más firme por parte de las empresas de mensajería para garantizar la calidad y seguridad en la entrega de productos.

Tanto en el caso de Guerrero como en el desafío del comercio electrónico, México se enfrenta a problemas complejos que requieren soluciones multifacéticas. La violencia en Guerrero es un recordatorio de las profundas raíces sociales y políticas que sustentan la inseguridad en ciertas regiones, mientras que los problemas en el comercio electrónico subrayan la tensión entre el crecimiento económico y la protección del consumidor. En ambos casos, la clave reside en la colaboración entre gobierno, sociedad civil y sector privado para forjar caminos hacia soluciones sostenibles y justas.