El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, elaborado por Transparencia Internacional, revela datos significativos sobre la situación de la corrupción a nivel mundial. España, en particular, ha experimentado una disminución en su posición, ubicándose en el puesto 36 de 180 países, con una puntuación de 60 sobre 100. Esta caída marca el tercer año consecutivo de descenso para el país en este ranking global, situándolo además en el 14º lugar entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

La organización Transparencia Internacional atribuye este retroceso principalmente al debilitamiento del sistema judicial en España, una preocupación que se ha intensificado en 2023. Este debilitamiento se considera un obstáculo fundamental que impide avances significativos en la lucha contra la corrupción.

El foco del estudio de este año se ha centrado en la justicia y el Estado de derecho, aspectos críticos dada la ascendencia de movimientos populistas. Manuel Villoria, presidente del Comité Asesor de Transparencia Internacional, señaló que España se encuentra en una posición baja en cuanto a la percepción de independencia judicial. Esto se debe a interferencias y presiones constantes del Gobierno y políticos sobre el poder judicial. España se sitúa cerca de países como San Vicente, las Granadinas y Letonia, y ligeramente por encima de Botsuana y Qatar en el ranking.

Villoria enfatiza que el estancamiento actual y los descensos previos reflejan las dificultades que enfrenta España en mejorar las políticas públicas para prevenir y combatir la corrupción. Destaca la necesidad de alertar tanto a la ciudadanía como a los poderes públicos sobre la gravedad de esta problemática.

Transparencia Internacional urge a España a no conformarse con su posición actual y a realizar esfuerzos sustanciales en los ámbitos institucional, normativo y jurisdiccional. La organización subraya la vulnerabilidad de la posición de un país cuando los compromisos políticos no son efectivos y las medidas contra la corrupción no se implementan adecuadamente.

Villoria propone reforzar la independencia de la Fiscalía General del Gobierno, renovar inmediatamente el Consejo General del Poder Judicial según estándares europeos, y mejorar su independencia. También recomienda regular los 'lobbies', mejorar la eficacia de los procedimientos judiciales, y fortalecer las normas de declaración de intereses y bienes e incompatibilidades de los cargos públicos.

En el ámbito europeo, Hungría encabeza la lista de los países más corruptos de la UE por segundo año consecutivo, seguida por Rumanía y Bulgaria. Con 42 puntos, Hungría se iguala con naciones como China y Cuba, entre otras. József Péter Martin, director general de Transparencia Internacional Hungría, critica las leyes anticorrupción del gobierno de Viktor Orbán, calificándolas de insuficientes y orientadas principalmente a acceder a fondos europeos en lugar de restaurar el Estado de derecho o frenar la corrupción.

El informe de TI señala que las entidades húngaras creadas para combatir la corrupción tienen competencias limitadas y que, a pesar de ciertas mejoras en las licitaciones públicas, estas no han restablecido condiciones de mercado adecuadas. Además, critica a la Unión Europea por establecer criterios inadecuados para Hungría en cuanto a la reconstrucción del Estado de derecho y afirma que las medidas llegaron tarde. Desde 2012, Hungría ha experimentado una de las mayores caídas en el índice global, lo que resalta la magnitud de sus desafíos en materia de corrupción.

Este análisis del IPC 2023 destaca la urgente necesidad de abordar problemas de corrupción y falta de independencia judicial en países como España y Hungría. Las recomendaciones de Transparencia Internacional enfatizan la importancia de reformas integrales y medidas efectivas para mejorar la situación actual y avanzar hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas.