La lucha contra la corrupción y la extorsión en las cárceles ha llevado a un grupo de delincuentes a tomar medidas extremas. Estos individuos, buscando evitar traslados que los alejen de sus áreas de influencia, han recurrido a amenazas de muerte contra los guardias de prisión como forma de protesta. Este acto desesperado subraya la tensión creciente entre las autoridades y los reclusos en el contexto de una política de mano dura contra la criminalidad.

La dinámica violenta en las prisiones no es un fenómeno nuevo. Remontándose a la década de los ochenta, con figuras como Pablo Escobar, quien instauró el temido ‘plan pistola’ contra la fuerza pública, vemos que la violencia carcelaria ha sido una constante en Colombia y América Latina. Aunque Escobar ya no está, la táctica de intimidar y asesinar a los guardianes de las prisiones persiste, adaptándose a las circunstancias actuales.

Recientemente, las autoridades descubrieron panfletos amenazantes en la cárcel de Armenia, firmados por ‘Muerte a Guardianes Opresores’ (MAGO). Estos mensajes, que exigen evitar el traslado de reclusos fuera de sus departamentos de origen, evidencian la persistencia de estrategias intimidatorias contra el personal penitenciario. Los ataques no se han limitado a amenazas, con varios guardias ya caídos o atacados en diferentes ciudades.

Ante la incapacidad de garantizar la seguridad de sus guardianes, el Gobierno ha declarado una emergencia carcelaria. Esta medida busca no solo proteger a los funcionarios del Inpec, sino también fortalecer la seguridad interna con más recursos y tecnología. A pesar de estos esfuerzos, la violencia subraya la necesidad de una solución más estructural que aborde las causas profundas del problema.

Con la inversión en tecnología, como inhibidores de señal, el Gobierno intenta cortar las comunicaciones ilegales que permiten a los reclusos coordinar actividades criminales desde dentro de las prisiones. Sin embargo, estas medidas han llevado a represalias violentas por parte de aquellos que ven amenazado su poder y operaciones ilegales.

El fenómeno de violencia carcelaria y el poder de las bandas dentro de las prisiones no es exclusivo de Colombia. En países como Ecuador, la fuga de líderes de bandas ha desencadenado olas de violencia, demostrando que el problema es regional y requiere de soluciones colaborativas y profundas.

El acuerdo implícito de paz dentro de las cárceles, donde se permitía cierta libertad a cambio de orden, se ha visto comprometido. La implementación de medidas severas contra la extorsión y el control de las comunicaciones ha resultado en un aumento de la violencia, evidenciando la complejidad de gestionar la seguridad sin desencadenar conflictos mayores.

Expertos y funcionarios coinciden en que la solución al problema de la violencia carcelaria va más allá de medidas de emergencia. Se requiere una reforma profunda que contemple mejorar las condiciones laborales de los guardianes, reducir el hacinamiento y replantear la política criminal para enfrentar de manera efectiva y sostenible la crisis penitenciaria.

Los guardianes y personal del Inpec, quienes enfrentan diariamente el peligro y la incertidumbre, claman por mejoras en sus condiciones de trabajo y por una reforma que garantice su seguridad y bienestar. Es evidente que, sin un cambio significativo en la gestión carcelaria y la política criminal, la violencia y la inestabilidad continuarán siendo una sombra sobre el sistema penitenciario colombiano.

La situación actual en las cárceles de Colombia es un recordatorio de que la seguridad y la justicia son dos caras de la misma moneda. Sin una, la otra permanece incompleta. A medida que el país busca avanzar hacia la paz y la estabilidad, la reforma del sistema carcelario emerge como un imperativo no solo para proteger a los que custodian las prisiones, sino para asegurar una sociedad más justa y segura para todos.