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En una decisión trascendental, la Corte Constitucional de Ecuador ha marcado un nuevo capítulo en las relaciones internacionales del país, especialmente en lo que respecta a la cooperación militar marítima con Estados Unidos. Este 23 de enero de 2024, la Corte notificó su veredicto sobre el tratado de cooperación militar marítima, estableciendo que no es necesario que el acuerdo sea sometido a la Asamblea Nacional para su aprobación. Esta determinación acelera el proceso, permitiendo que el tratado entre en vigencia en breve, tras los procedimientos administrativos correspondientes.

La canciller Gabriela Sommerfeld explicó que el siguiente paso involucra la emisión de un decreto ejecutivo por parte del presidente Daniel Noboa, seguido por la entrega de una nota diplomática por parte de la Cancillería, notificando la superación del procedimiento interno necesario en Ecuador. Estados Unidos, por su parte, también procesará el tratado según su legislación y deberá notificar a Ecuador una vez que el procedimiento interno esté completado, según indicó el vicecanciller Carlos Larrea Dávila.

El tratado busca fomentar operaciones conjuntas para combatir actividades marítimas transnacionales ilícitas, que incluyen el tráfico de drogas, de migrantes, de armas de destrucción masiva, y la pesca ilegal. Estas operaciones conjuntas tienen como finalidad "prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar" dichas actividades, en respuesta a la "urgente necesidad" de combatir el crimen organizado transnacional. Además, el acuerdo establece un marco normativo para el funcionamiento de aeronaves, autoridades, agentes y buques de las fuerzas del orden o instituciones de ambos países, los cuales deben ser "claramente identificables" y estar autorizados por el respectivo Estado.

La Corte Constitucional aprobó dos tratados de cooperación militar con Estados Unidos, uno general sobre la presencia en territorio nacional y otro específico sobre la colaboración marítima. Seis de los nueve jueces constitucionales concluyeron que estos tratados no necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional. Esta decisión se basa en una interpretación detallada de los tratados y su alineación con la Constitución de la República, que especifica las condiciones bajo las cuales los tratados internacionales requieren la aprobación previa de la Asamblea Nacional.

Los jueces determinaron que ninguno de los tratados se ajusta a las causales que exigirían la aprobación de la Asamblea Nacional, subrayando que los acuerdos no constituyen una alianza política o militar en el sentido de realizar actividades militares o bélicas frente a amenazas de conflictos armados. En lugar de ello, se consideran compromisos de cooperación interestatal para fortalecer la capacidad de respuesta a retos de seguridad compartidos, como el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, terrorismo internacional y otras amenazas.

A pesar de la aprobación mayoritaria, tres jueces emitieron votos salvados, argumentando que los tratados sí requerirían la aprobación de la Asamblea Nacional, ya que cumplen algunas causales, como el establecimiento de alianzas militares y la posible afectación a la soberanía. Estos jueces resaltaron que las amenazas de carácter militar no se limitan a los conflictos armados tradicionales, sino que también abarcan retos como el terrorismo, el ciberterrorismo, el tráfico de drogas, entre otros.

La decisión de la Corte Constitucional de Ecuador de permitir la cooperación militar marítima con Estados Unidos sin la necesidad de pasar por la Asamblea Nacional marca un hito significativo en la política exterior y de seguridad del país. Al proporcionar un marco para la colaboración en la lucha contra actividades ilícitas transnacionales, este acuerdo refleja un esfuerzo conjunto para abordar desafíos de seguridad de gran magnitud, enfatizando la importancia de la cooperación internacional en la era contemporánea. La implementación efectiva de este tratado y su impacto en la seguridad regional serán aspectos clave a observar en el futuro próximo.