La apelación del Gobierno argentino a un fallo en Nueva York que lo obliga a indemnizar con US$ 16.100 millones por la nacionalización de YPF en 2012 representa un intento de revertir una sentencia basada en una interpretación que Argentina considera errónea de su legislación, tanto pública como privada. En 2012, el Estado argentino tomó una decisión trascendental al nacionalizar YPF, adquiriendo el 51% de las acciones pertenecientes a Repsol. Esta acción llevó a una serie de demandas legales, culminando en un fallo adverso por parte de la jueza Loretta Preska en Nueva York. El Gobierno, representado por el estudio Sullivan & Cromwell, sostiene que el caso fue injustamente juzgado fuera de su jurisdicción natural, argumentando que debió resolverse dentro de Argentina, bajo la ley argentina.

Los abogados argentinos critican la decisión de Preska por aplicar incorrectamente la ley argentina y establecer una jurisprudencia favorable a los demandantes sin precedentes claros. La defensa argentina recalca que los hechos ocurrieron íntegramente en Argentina y que, por lo tanto, las demandas deben analizarse exclusivamente bajo la ley argentina. Este planteamiento no solo busca una revisión del fallo sino también cuestiona la jurisdicción del tribunal de Nueva York sobre el caso.

En un contexto más amplio, el Gobierno actual bajo la presidencia de Javier Milei, continúa la línea de defensa previamente establecida por administraciones anteriores, argumentando la necesidad de una auditoría interna en YPF para revisar deudas y gastos. Esta acción refleja el esfuerzo del Estado por transparentar y gestionar de manera eficiente la compañía petrolera post-nacionalización.

Los demandantes, Burford Capital y Eton Park, basan su demanda en el incumplimiento de una Oferta Pública de Adquisición obligatoria a los demás accionistas tras la adquisición estatal del 51% de YPF, según estatutos de 1993. La compra de derechos de litigio por Burford a Petersen Energía destaca la complejidad y las repercusiones financieras del caso, con Burford reclamando el 70% de cualquier indemnización adjudicada y el resto destinado a Petersen y sus acreedores.

Este caso pone de relieve las diferencias entre los sistemas legales civil y común, especialmente en lo que respecta a demandas por incumplimiento de contrato y la asignación de indemnizaciones pecuniarias. La limitación del Código Civil argentino respecto a la concesión de indemnizaciones juega un papel crucial en la argumentación del Estado. Con las apelaciones de ambas partes programadas para presentarse, la expectativa gira en torno a la decisión final de la cámara, la cual no se anticipa hasta después de septiembre.

La apelación del Gobierno argentino en el caso de la nacionalización de YPF destaca un conflicto jurídico internacional complejo, subrayando las diferencias entre jurisdicciones y la interpretación de la ley. A medida que el caso avanza, la comunidad internacional observa atentamente, no solo por las implicaciones financieras significativas sino también por las posibles repercusiones en la soberanía legal y la jurisprudencia internacional. Este caso ilustra los desafíos y las consideraciones legales que enfrentan los estados al interactuar en el ámbito legal global, especialmente en situaciones que involucran la nacionalización de recursos naturales y los derechos de los accionistas.