En un movimiento audaz y definitorio, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha derogado el acuerdo 320-2023 establecido por su predecesor, Alejandro Giammattei, marcando un cambio significativo en la política de seguridad estatal para exfuncionarios. Esta decisión refleja la nueva visión de la administración de Arévalo, orientada hacia un enfoque más inclusivo y justo de la protección ciudadana.

El acuerdo 320-2023, firmado por el anterior mandatario Giammattei, garantizaba protección del Estado a un amplio número de sus exfuncionarios, creando un sistema de seguridad que, según críticos, beneficiaba a unos pocos a expensas del bienestar colectivo. La derogación de este acuerdo por parte de Arévalo subraya un claro mensaje: “La seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos”.

El recién firmado acuerdo 24-2004 por el presidente Arévalo, publicado en el Diario de Centroamérica, establece el compromiso del Estado guatemalteco con la protección de la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y el desarrollo integral de la persona. Este documento recalca la obligación ineludible del Estado de garantizar a los habitantes de la República la vida, la paz y el respeto a los derechos humanos, poniendo en relieve el compromiso de la nueva administración con el bienestar colectivo y la justicia social.

El acuerdo de Arévalo especifica que ciertos cargos de relevancia, como el Ministro de Gobernación y Viceministros, entre otros, recibirán protección por parte del Estado para resguardar su vida e integridad ante riesgos derivados de sus atribuciones. Esta protección se extiende de forma proporcional y razonable, basándose en un análisis de riesgo, y puede abarcar también al núcleo familiar de los funcionarios, asegurando así una seguridad responsable y justificada.

La derogación del acuerdo anterior ha sido aplaudida por figuras políticas como el diputado del partido Movimiento Semilla, Samuel Pérez, quien consideró un abuso la utilización de recursos estatales para brindar seguridad a ciertos exfuncionarios sin una justificación clara. Esta postura ha encontrado eco entre otros congresistas y expertos en leyes, quienes han expresado su apoyo a la decisión de Arévalo a través de las redes sociales.

La acción del presidente Bernardo Arévalo de León refleja un compromiso con la justicia, la equidad y la responsabilidad en la gestión de la seguridad estatal. Al derogar un acuerdo que brindaba protección selectiva a exfuncionarios, Arévalo establece un nuevo precedente en la política de seguridad de Guatemala, uno que privilegia el bienestar colectivo y la racionalidad en el uso de los recursos del Estado. Esta medida no solo redefine la asignación de seguridad a exfuncionarios, sino que también marca el inicio de una nueva era en la administración de justicia y equidad en el país.