En un notable movimiento de solidaridad internacional, México ha recibido el respaldo de gobiernos estatales de Estados Unidos, organizaciones civiles y países extranjeros en su litigio contra prominentes fabricantes de armas estadounidenses. Esta alianza transnacional, que abarca desde estados como California, Massachusetts, Illinois, Nuevo México, Nueva York y el Distrito de Columbia hasta naciones como Belice y Antigua y Barbuda, refleja la preocupación global sobre el impacto del tráfico ilícito de armas en la seguridad y el bienestar de las sociedades.

En 2021, México lanzó una demanda civil en territorio estadounidense contra ocho fabricantes de armas, entre los que se incluyen Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, y Colt’s Manufacturing, por su presunta implicación en facilitar el flujo ilegal de armamento hacia México, el cual termina en manos del crimen organizado. Esta acción judicial busca no solo justicia sino también una compensación económica significativa, valorada en 10,000 millones de dólares, por los daños provocados por estas prácticas.

La figura del Amicus Curiae, o "amigo de la corte", juega un papel crucial en este proceso. Permite que terceros interesados, que no son parte directa del juicio pero cuyos intereses pueden verse afectados por su resultado, presenten sus argumentos o perspectivas relevantes para el caso. Esta participación enriquece el debate judicial y proporciona a los jueces una visión más amplia de las implicaciones de sus decisiones.

A pesar de que inicialmente un juez de Massachusetts desestimó la demanda hacia finales de 2022, la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México logró que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos revocara esa decisión, permitiendo que el caso prosiga. Esta victoria jurídica, sumada al apoyo internacional recibido, fortalece la posición de México en su lucha contra el flujo ilegal de armas.

Los fabricantes de armas, por su parte, han sugerido la posibilidad de llevar el caso ante la Suprema Corte de Estados Unidos, buscando una resolución final sobre su responsabilidad en los crímenes cometidos en México con armas provenientes de sus líneas de producción. Este paso subraya la complejidad y la importancia del litigio, que trasciende las fronteras nacionales y toca temas sensibles como la regulación del comercio de armas, la responsabilidad corporativa y los derechos humanos.

La demanda sostiene que un porcentaje significativo de las armas utilizadas en actividades delictivas en México proviene de fabricantes estadounidenses, lo cual subraya la urgencia de abordar este tema no solo desde la perspectiva legal sino también desde la cooperación internacional. El éxito de México en este juicio podría sentar un precedente importante en la regulación del comercio de armas y en la responsabilidad de los fabricantes por su impacto en la seguridad global.

El apoyo internacional a México en su demanda contra los fabricantes de armas estadounidenses destaca la creciente conciencia sobre los efectos devastadores del tráfico ilícito de armas. Este caso no solo representa un esfuerzo por obtener compensación por los daños causados sino también una lucha más amplia por la justicia, la seguridad y el respeto a los derechos humanos en un contexto globalizado. La solidaridad entre naciones y organizaciones refleja un compromiso compartido con estos principios fundamentales, marcando un camino hacia una cooperación más estrecha en la solución de problemas transnacionales.