En un desarrollo reciente que captura la atención del panorama judicial internacional, la Corte Suprema de Chile ha tomado una decisión crucial con respecto al expresidente peruano, Alberto Fujimori. A través del Documento Nº 319 del Expediente 17850-2021, fechado el 19 de enero de 2024, la corte ha dispuesto la ampliación de la extradición de Fujimori. Esta medida responde a una solicitud formulada por la justicia peruana, que ha dictaminado favorablemente en ocho causas específicas.

El dictamen se apoya en el cumplimiento de los requisitos estipulados en el artículo 647 del Código de Procedimiento Penal. La decisión se enmarca dentro de las disposiciones del Tratado de Extradición existente entre la República de Chile y la República del Perú, reafirmando el compromiso de ambos países con la justicia y el derecho internacional.

La propuesta de la Corte Suprema de Chile no solo responde a una solicitud formal, sino que también pone de manifiesto la seriedad de los cargos imputados a Fujimori. Se le atribuye responsabilidad como autor en una serie de delitos graves, que incluyen el suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, y conspiración, entre otros. Estos cargos pintan un cuadro complejo de presuntas actividades delictivas que ahora están bajo el microscopio de la justicia internacional.

En este contexto, se destaca el papel activo de la Procuraduría General del Estado, que ha tomado medidas concretas para asegurar una representación legal efectiva en este caso de alto perfil. La Resolución Nº D000519-2023-JUS/PGE-PG, emitida el 15 de septiembre de 2023, amplió la competencia del procurador público Ad Hoc, Javier Pacheco Palacios. Esta acción estratégica permite una defensa jurídica robusta de los derechos e intereses del Estado peruano en los procesos de extradición activa en curso ante las autoridades y sedes jurisdiccionales de la República de Chile.

La sombra de Alberto Fujimori se cierne sobre varios casos emblemáticos, que han dejado una marca indeleble en la historia reciente de Perú. Entre estos, destaca el caso Pativilca, con su trágica fecha del 29 de enero de 1992, en los anexos de El Caraqueo y San José de la provincia de Barranca, en Lima. Este episodio oscuro dejó un saldo de seis víctimas mortales, cada una con una historia y un nombre que ahora resuena en los pasillos de la justicia.

Por otro lado, se encuentra la polémica iniciativa del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, implementado durante los últimos cuatro años de mandato de Fujimori. Se estima que unas 270,000 peruanas, muchas de ellas indígenas y no hispanohablantes, fueron sometidas a cirugías de ligadura de trompas de Falopio, una práctica que ha generado un intenso debate y una mirada crítica por parte de diversos sectores de la sociedad.

Mientras Fujimori se prepara para enfrentar estos cargos, la justicia también se prepara para dar un veredicto en casos como Pativilca y La Cantuta, con un juicio oral reprogramado para el 29 de enero. Este proceso no solo determinará el destino de Fujimori, sino que también ofrecerá un momento de reflexión sobre la justicia, la memoria y la reparación en la región.

la decisión de la Corte Suprema de Chile de ampliar la extradición de Alberto Fujimori marca un capítulo crucial en la saga judicial que conecta a dos naciones. Mientras los procedimientos siguen su curso, el mundo observa atentamente, esperando justicia y verdad en casos que han tocado las fibras más sensibles de la sociedad.