En una investigación realizada por Ojo Público, con colaboración de medios como Vistazo y Código Vidrio, se ha descubierto un dato alarmante: el 52% de todos los explosivos incautados en Ecuador durante el año 2023 proceden del Perú. Este hallazgo no solo resalta un serio problema de seguridad en la región, sino también evidencia una cadena ilegal de suministro de armamentos que cruza fronteras. Los explosivos incautados llevan el sello de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército del Perú (FAME), lo que sugiere una conexión directa con las fuerzas armadas de ese país.

Este fenómeno no es un caso aislado, sino parte de una problemática más amplia en la región. Las armas y municiones de origen peruano, según los informes, están siendo utilizadas por bandas de narcotráfico en Ecuador. Este tráfico ilegal de armas facilita y agrava las actividades criminales, poniendo en riesgo la seguridad y estabilidad en ambos países. El general Víctor Herrera, jefe policial del distrito de Guayaquil, confirmó que los explosivos utilizados en recientes actos terroristas en Ecuador eran de origen peruano. Además, se menciona que los fusiles de asalto y granadas empleadas en estos actos también llevan el sello de las Fuerzas Armadas del Perú.

Ante estos hechos, el Ministro de Defensa peruano, Jorge Chávez, confirmó que gran parte del armamento utilizado en un reciente ataque a un canal de televisión en Ecuador sí provenía de Perú. Aunque Chávez negó que hubiera evidencia de fusiles o armas del Ejército peruano utilizadas en Ecuador, admitió que el contrabando de armamento peruano en territorio ecuatoriano ya había sido detectado y que se están tomando medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir. Este reconocimiento pone de manifiesto la necesidad de una cooperación más estrecha entre las autoridades de ambos países para abordar esta problemática.

La revelación de que una gran cantidad de explosivos incautados en Ecuador provienen del Perú plantea serias preocupaciones sobre el control de armas y la seguridad regional. Es evidente que se requiere una mayor vigilancia y cooperación transfronteriza para combatir el tráfico ilegal de armas. Este caso subraya la complejidad de los desafíos de seguridad en América Latina y la importancia de abordarlos de manera colaborativa y eficiente.

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