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En Ecuador, el conflicto contra el crimen organizado ha alcanzado cifras alarmantes en los primeros 26 días de su implementación, resultando en la detención de 5.621 personas. Según un informe gubernamental publicado el sábado, estas acciones son parte de una estrategia para combatir a 22 bandas de crimen organizado, recientemente designadas como grupos terroristas y actores no estatales beligerantes.

Desde el 9 de enero hasta el 3 de febrero, las autoridades han neutralizado a seis presuntos integrantes de estas bandas. Paralelamente, se lamenta el asesinato de dos agentes de policía y la liberación de otros once que habían sido secuestrados por estas organizaciones criminales. Durante este conflicto, se han incautado una cantidad significativa de armamento: 1.864 armas de fuego, 2.628 armas blancas, 1.020 cargadores, más de 93.000 proyectiles y alrededor de 10.000 explosivos. 

Además, las fuerzas del orden en Ecuador han decomisado más de 41,7 toneladas de drogas y más de 117.000 dólares en efectivo. Este esfuerzo se ha visto reflejado en 68.707 operativos, que incluyen la detención de 28 embarcaciones, una de ellas un semisumergible cargado con drogas. En este último operativo, tres ciudadanos colombianos fueron arrestados y actualmente se encuentran en prisión preventiva.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el “conflicto armado interno” el 9 de enero como respuesta a una serie de atentados y acciones violentas atribuidas al crimen organizado. Estos eventos incluyeron secuestros de policías, alertas de explosiones, incendios de vehículos, motines en cárceles con aproximadamente 200 rehenes liberados, y la toma de un canal de televisión por parte de trece encapuchados armados, quienes ahora están detenidos. Durante esos motines, cerca de 90 presos escaparon, entre ellos Fabricio Colón Pico, identificado como líder de la banda ‘Los Lobos‘ y acusado de planear un atentado contra la fiscal general, Diana Salazar. Antes de estos incidentes, José Adolfo Macías, alias ‘Fito‘ y líder de ‘Los Choneros‘, una de las bandas más violentas del país, también había escapado.

Este contexto de violencia y crimen organizado en Ecuador ha llevado al gobierno a clasificar a estas bandas como “terroristas“, intensificando así las medidas de seguridad y la respuesta estatal frente a este desafío. Los ataques contra infraestructuras públicas y privadas, así como contra instalaciones policiales, han sido parte de este escenario convulso.

El conflicto en Ecuador refleja una situación crítica en la lucha contra el crimen organizado, donde la delincuencia y la violencia han escalado a niveles que requieren una respuesta firme y coordinada de las autoridades. Este esfuerzo no solo implica la captura y neutralización de miembros de estas organizaciones, sino también la incautación de armas y drogas, así como la protección de la ciudadanía y las infraestructuras clave del país. 

La situación en Ecuador es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado puede desafiar la estabilidad y seguridad de un país, requiriendo una estrategia integral y decidida para su contención y eventual desmantelamiento. La designación de estas bandas como grupos terroristas no solo es un cambio en la terminología, sino también en la percepción y enfoque del problema, lo que implica un esfuerzo sostenido y multifacético para combatir esta amenaza.

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