En los últimos 47 días, Ecuador ha experimentado una notable intervención de sus fuerzas de seguridad, resultando en la detención de casi 10.000 personas. Este periodo, marcado por un estado de excepción y un declarado "conflicto armado interno", fue instaurado por el presidente Daniel Noboa como respuesta directa a la creciente violencia generada por bandas criminales a nivel nacional. Este artículo desgrana los esfuerzos y resultados de las operaciones de seguridad ejecutadas bajo estas medidas extraordinarias.

El Eje de Seguridad de Ecuador, una colaboración entre autoridades militares, policiales y gubernamentales, ha ofrecido datos impactantes sobre los resultados de su campaña contra el crimen organizado. Durante este periodo crítico, se han realizado 123.707 operaciones, culminando en la detención de 9.913 individuos, incluyendo 258 acusados de terrorismo. Además, las fuerzas de seguridad han logrado decomisar un arsenal significativo: 2.962 armas de fuego, 19.916 explosivos, y más de 200.000 balas, entre otros. Estas cifras no solo reflejan el alcance de la violencia que se busca combatir, sino también la intensidad y seriedad de la respuesta estatal.

El gobierno ecuatoriano, al declarar el estado de excepción y el conflicto armado interno, ha marcado a 22 grupos de crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas. Esta clasificación ha permitido una actuación más decidida de las Fuerzas Armadas y la Policía, proporcionándoles un marco legal para utilizar todos los recursos necesarios en su lucha. La decisión surge en un momento crítico, justo después del anuncio del presidente Noboa sobre el 'Plan Fénix', destinado a recuperar el control de las prisiones del país, muchas de las cuales están bajo el yugo de estas bandas criminales.

Más allá de las cifras de detenidos y armamento incautado, el costo humano y material de esta operación ha sido significativo. Se han reportado las muertes de tres agentes de policía en el cumplimiento de su deber, aunque, afortunadamente, no se han lamentado bajas entre el personal militar. El decomiso de 979 vehículos y 1.126 motocicletas demuestra el extenso alcance de estas operaciones, afectando no solo a los implicados directamente en el crimen organizado sino también a las herramientas y recursos que facilitan su operación ilícita.

El establecimiento del estado de excepción en Ecuador es una respuesta a la alarmante espiral de violencia que ha llevado al país a ser uno de los más violentos de la región, con una tasa de 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023. Este esfuerzo monumental por parte del Estado busca no solo abordar la violencia presente en las calles sino también las raíces del problema en las prisiones y entre las facciones criminales que operan tanto dentro como fuera de estos establecimientos.

La decisión de Ecuador de adoptar medidas tan drásticas subraya la gravedad de la situación de seguridad que enfrenta el país. Mientras el estado de excepción y el conflicto armado interno continúan, la sociedad ecuatoriana observa de cerca los desarrollos, esperando que estos esfuerzos no solo reduzcan la violencia a corto plazo sino que también sienten las bases para una paz y seguridad duraderas. La colaboración entre las fuerzas militares y policiales, respaldada por la legislación que permite una acción decisiva, es un paso crítico en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, con la esperanza de restaurar la estabilidad y la seguridad en el país.